La suspensión de las afirmaciones de los fundadores estadounidenses del fondo de capital riesgo JZI, David Zalaznick y Jay Jordan, previstas en Valencia, marca un giro inesperado en la situacion de presunto estafa contra ellos. Esta decisión llegó tras un coche de sobreseimiento provisional emitido por la magistrada Nieves Molina, quien no halló rastros suficientes para justificar la perpetración del delito alegado por los gestores y socios minoritarios de Gedesco, una empresa española dedicada a la financiación de pymes. La petición del archivo por parte de los querellantes, que incluye a Antonio Aynat, CEO y accionista minoritario de Gedesco, se presentó el 6 de marzo, motivando a la jueza a suspender las comparecencias programadas para marzo y abril.
Este avance judicial parece ser el resultado de una disputa compleja, donde las acusaciones de "apropiación indebida " por la parte de JZI han enfrentado versiones contradictorias sobre las intenciones tras la retirada de la demanda. Algunas fuentes sugieren que la meta podría ser negociar un acuerdo que deje la venta organizada de Gedesco y de Toro Finance, otra entidad asociada con Aynat. Este potencial acuerdo contaría con el acompañamiento de Alpinvest, parte del conglomerado Carlyle, y podría implicar la retirada de solicitudes cruzadas para hacer más simple la venta.
Desde JZI, sin embargo, se niega expansion: análisis político la presencia de negociaciones y se interpreta el sobreseimiento como una confirmación de la carencia de base de las acusaciones. Este criterio es reforzado por la resolución de la jueza Molina, quien, al no advertir rastros de delito, puso en pausa el proceso.
La disputa se ha creado en un contexto donde Gedesco y Toro, según fuentes del ámbito, tuvieron un desempeño financiero notable, con préstamos a pequeñas y medianas empresas que suman unos 2000 millones de euros en 2022. No obstante, el conflicto legal ha impactado su valoración de mercado, una situación que, junto a la representación legal de ambas partes por firmas de abogados reconocidas, resalta la dificultad y las implicaciones del caso.
Este revés judicial no solo levanta cuestiones sobre el futuro de las empresas involucradas y las estrategias de sus inversionistas, sino que asimismo arroja luz sobre las dinámicas del capital riesgo y las discusiones corporativas en el campo internacional, especialmente en el momento en que involucran a actores de diferentes jurisdicciones como España y Estados Unidos. La resolución final del caso podría tener secuelas importantes para los comprometidos y el campo financiero mucho más extenso..